Éste es uno de mis artículos donde la coherencia democrática, por decirlo de forma suave, no hace amigos. No es el primero que escribo.
Partamos de un hecho incontestable: Iñaki de Juana Chaos ya ha cumplido con la condena de cárcel que la Justicia le ha impuesto por sus variados y sanguinarios crímenes. En consecuencia, y como cualquier español, tiene derecho a vivir en el sitio que se pueda pagar (si puede).
Obviamente, si uno es una víctima del terrorismo, no te hace ni puta gracia que un asesino (hecho judicialmente probado) y gilipollas (hecho universalmente asumido) se vaya a instalar en tu portal.
Problema con el asunto: que, desde el punto de vista legal, que venga éste semoviente y se instale en el portal de uno es como si se instala tu ex-novia o el campeón del mundo de resistencia tocando el trombón; molesto, desde luego, pero está en su derecho.
Así que para evitarlo (porque no podemos dejar que los asesinos vivan con las personas) la idea es, técnicamente, impecable: ver si la vivienda es patrimonio de De Juana y, si lo fuera, embargarla para que haga frente a las indemnizaciones que todavía debe (al contrario que en otras partes del mundo, en nuestro bello país la vivienda familiar es embargable)
Como siempre que hablo de éste tema, sé que si me pusiera en el lugar de las víctimas, me sería muy difícil tolerar que un tipo como éste viviese en mi bloque de pisos. No soy quién para ponerme en el lugar de nadie.
Pero crear polémica ahora con ésto (y, en consecuencia, obligar al Gobierno a reaccionar) es uno de los nuevos mecanismos de Pedro J. para vender periódicos (como se nota que la crisis hace caras las colecciones de Agatha). En el País Vasco víctimas y verdugos han vivido, viven y vivirán lado a lado desde siempre, porque ambos son ciudadanos de un mismo país. No se puede restringir los derechos de los criminales una vez han terminado su condena: hacerlo equivale a crear una casta de ciudadanos de segunda que está en contra de cualquier principio democrático.
Y es aquí donde está el punto de fricción: hasta los más hijos de puta son igualmente ciudadanos españoles y, como tal, tienen los mismos derechos que el resto de la gente. ¿Que se aprovechan de ello? Sea. Pero sólo siendo coherentes con los principios de la democracia somos moralmente capaces de despreciar y perseguir a los que a diario la insultan con sus crímenes.
Seguiremos informando.
Partamos de un hecho incontestable: Iñaki de Juana Chaos ya ha cumplido con la condena de cárcel que la Justicia le ha impuesto por sus variados y sanguinarios crímenes. En consecuencia, y como cualquier español, tiene derecho a vivir en el sitio que se pueda pagar (si puede).
Obviamente, si uno es una víctima del terrorismo, no te hace ni puta gracia que un asesino (hecho judicialmente probado) y gilipollas (hecho universalmente asumido) se vaya a instalar en tu portal.
Problema con el asunto: que, desde el punto de vista legal, que venga éste semoviente y se instale en el portal de uno es como si se instala tu ex-novia o el campeón del mundo de resistencia tocando el trombón; molesto, desde luego, pero está en su derecho.
Así que para evitarlo (porque no podemos dejar que los asesinos vivan con las personas) la idea es, técnicamente, impecable: ver si la vivienda es patrimonio de De Juana y, si lo fuera, embargarla para que haga frente a las indemnizaciones que todavía debe (al contrario que en otras partes del mundo, en nuestro bello país la vivienda familiar es embargable)
Como siempre que hablo de éste tema, sé que si me pusiera en el lugar de las víctimas, me sería muy difícil tolerar que un tipo como éste viviese en mi bloque de pisos. No soy quién para ponerme en el lugar de nadie.
Pero crear polémica ahora con ésto (y, en consecuencia, obligar al Gobierno a reaccionar) es uno de los nuevos mecanismos de Pedro J. para vender periódicos (como se nota que la crisis hace caras las colecciones de Agatha). En el País Vasco víctimas y verdugos han vivido, viven y vivirán lado a lado desde siempre, porque ambos son ciudadanos de un mismo país. No se puede restringir los derechos de los criminales una vez han terminado su condena: hacerlo equivale a crear una casta de ciudadanos de segunda que está en contra de cualquier principio democrático.
Y es aquí donde está el punto de fricción: hasta los más hijos de puta son igualmente ciudadanos españoles y, como tal, tienen los mismos derechos que el resto de la gente. ¿Que se aprovechan de ello? Sea. Pero sólo siendo coherentes con los principios de la democracia somos moralmente capaces de despreciar y perseguir a los que a diario la insultan con sus crímenes.
Seguiremos informando.
1 comentario:
el problema es que la mujer de De Juana ha comprado el piso para que éste se quede sin propiedades (que el piso le habrá reportado algún beneficio, digo yo)y así no tner que pagar a las víctimas al no tener nada a su nombre. Pues eso no se puede, si tiene bienes y los vende, que con ese dinero pague a las víctimas, hombre ya.
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